COFE ALERTA A LA POBLACIÓN EN GENERAL
“Nuestro trabajo son tus derechos y seguridad”
Los trabajadores de COFE manifestamos nuestra preocupación por el deterioro de las principales funciones del Estado debido a la no entrada de nuevos funcionarios, carreras administrativas truncas que no permiten la ocupación de vacantes de ascenso y aumento de las tercerizaciones de servicios básicos.
Los discursos críticos hacia los trabajadores públicos se presentan a diario desde varios actores, ya sean políticos, empresarios, formadores de opinión en general, que van permeando la opinión pública con ideas falsas sobre la actividad de las instituciones del Estado con el objetivo de desprestigiarlas.
Se ha generalizado desde hace años que el Estado debe achicarse, que el “costo del Estado” es muy alto, que el número de funcionarios públicos sistemáticamente aumenta, que el Estado es “ineficaz” y también “ineficiente”, entre otros argumentos. Sin duda dentro del Estado hay realidades muy diversas, hay gastos excesivos sí, hay un fuerte deterioro de las inversiones públicas que hacen a la seguridad y fortalecimientos de los derechos de todos los ciudadanos, lo que influye en ineficacias e ineficiencias múltiples. Lo que es injusto que se responsabilicen a los trabajadores de casi todos los males de la sociedad.
Sin embargo, los trabajadores si actuamos con responsabilidad, porque somos antes que nada también ciudadanos de este país y nos caben las generales de la Ley cuando un Estado omiso, ineficiente, vulnera los derechos de las personas y no cuida de lo más preciado que tiene, su gente. Reivindicamos el Art. 24 de la Constitución que establece: “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”.
De acuerdo al informe que acompaña el Proyecto de Rendición de Cuentas 2017 (en discusión parlamentaria), el Estado agregó entre 2009 y 2017 45.169 vínculos laborales más (que no es cantidad de trabajadores, sino vínculos con el Estado). Pero, ¿dónde realmente creció el Estado? El Estado fortaleció aquellos sectores donde se producen los reclamos más sentidos de la sociedad: educación, seguridad interior y salud. Educación es quien ganó más vínculos laborales en estos últimos 9 años (33.535), seguido por salud (6.798) y seguridad (3.207). En estos sectores se concentra el 96,4% de los nuevos vínculos con el Estado. Sin entrar a evaluar, si estuvo bien o mal que así fuera, o si con ellos se mejoraron los servicios respectivos, no cabe duda que son preocupaciones prioritarias de nuestra sociedad hoy.
En el mismo período la Administración Central, sin incluir Ministerio de Interior, perdió 3543 vínculos, por lo que no es lineal y menos acertado, generalizar u oponerse a discutir el ingreso de nuevos funcionarios como algunos parlamentarios, partidos políticos y medios de prensa sostienen reclamando “no más funcionarios públicos”.
Aquí queremos alertar sobre lo que está ocurriendo en varias reparticiones del Estado donde la necesidad de funcionarios es tan grande que pone en peligro funciones básicas que hacen también a la seguridad de la población, concepto que va mucho más allá de lo que normalmente se lo entiende reducido a “defenderse de los delitos contra la propiedad”.
El concepto de seguridad es más amplio que los atentados a los derechos de propiedad.
La DINACIA (Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica) tiene por Misión:
Ejecutar la política aeronáutica civil de la República de acuerdo a las normas vigentes y recomendaciones emanadas de los organismos internacionales competentes, supervisando en forma continua la seguridad operacional y ejerciendo la dirección y contralor de las actividades aeronáuticas civiles. Proporcionar un sistema seguro, regular y eficiente de infraestructura y de servicios de navegación aérea en todo el territorio y espacio aéreo nacional, priorizando la excelencia en los servicios brindados a los usuarios.
Garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas y la prestación de los servicios de conformidad con las normativas y exigencias internacionales en la materia.
Demás está decir, que mantener esa “seguridad operacional” de todos los aeropuertos y regular la operativa de la aviación civil en el país, requiere de una mano de obra formada y certificada por los organismos internacionales, entrenada y eficiente, con capacidad de control de todo el territorio y apoyada en un sistema de infraestructura tecnológica acorde para tales fines. Invertir en la misión que cumple la DINACIA, es proteger la seguridad de los habitantes, la inserción internacional de un país que se auto-promueve como de libre circulación de personas y mercancías a través de sus aeropuertos libres, que se proyecta como un espacio turístico y geográfico de acogida para visitantes, es deber de todos exigir la excelencia de este servicio para tener el derecho de disfrutar luego de sus beneficios.
Sin embargo, la DINACIA cuenta con 478 funcionarios, donde el 47 % ya tiene causal jubilatoria y el 28 % tiene más de 61 años. Esto preocupa porque además hay más de 123 vacantes que deben cubrirse y hasta ahora eso no ocurre.
Vale puntualizar la dificultad que presenta el enclave institucional de la DINACIA en el Ministerio de Defensa Nacional, especialmente porque su estructura administrativa, supeditada a mandos jerárquicos, lineales y autoritarios de corte burocrático militar, genera rigideces en las decisiones sin permitir una auditoria constante e independiente de los mandos como lo exige la dinámica de los tiempos que corren.
Tomar en serio la realidad de la DINACIA hoy, debatir sus necesidades (de ingreso de personal, de formación, de infraestructura tecnológica), señores integrantes del Poder Ejecutivo, señores Parlamentarios, Ciudadanos todos, es una cuestión de seguridad y es también una cuestión de derechos.
Asimismo, en la Misión del MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca) reza que:
…le compete fijar y ejecutar las políticas que contribuyen al desarrollo de los sectores agropecuarios, agroindustrial y pesquero, asegurar, promover y controlar el abastecimiento al mercado interno de alimentos y materias primas en cantidad, calidad y oportunidad, como procurar la inserción de la producción en los mercados regionales, extra-regionales; así como el uso y manejo sustentable de los recursos naturales, y la mejora de la calidad de vida de la población en general y en particular de la rural.
Este es otro de los casos tipificados por alerta máxima, en especial, por la falta de personal. De los 1700 funcionarios que tiene el MGAP, hay 300 que tendrán más de 60 años a diciembre de 2019. A mayo de 2018 se contaban 299 vacantes de ingreso y 531 vacantes de ascenso; pero en el Proyecto de Rendición de Cuentas 2017 se plantea el abatimiento de 7 millones de pesos en vacantes. Esto genera un gran problema en varias áreas estratégicas para el país, detallemos.
En Industria Animal son 341 funcionarios de los cuales 157 tienen causal jubilatoria. En Barreras Sanitarias sólo son 100 funcionarios para controlar todos los pasos de fronteras del país. La frontera seca con Brasil tiene la mayor carencia de RRHH, la administración estima que por cada paso de frontera se debe contar con 6 funcionarios para cubrir las guardias al menos con dos funcionarios por turno, la realidad actual es en Rivera (0 funcionarios), Chuy (2), Río Branco (2), Bella Unión (4), Masoller (0), Aceguá (1), entre otros. ¿Cómo se asegurará el estatus sanitario si no alcanzan los funcionarios que lo vigilan? ¿Cómo será posible mantener una adecuada competitividad frente a mercados internacionales cada vez más exigentes?
Los controles de laboratorio, tanto animal como vegetal, no pueden cumplir con las tareas de control sanitario en territorio, ya que en muchos Departamentos hay solo dos ayudantes y un veterinario. No debería esperarse a que algún mercado de alta exigencia suspenda la habilitación de las plantas frigoríficas, ya sea por falta de personal para controlarlas o por omisiones en el Laboratorio Oficial y en los Servicios de Sanidad Animal en el campo.
Los trámites en oficinas de todo el país no se realizan en tiempo y forma, por falta de funcionarios administrativos para atender al público, llegando a estar cerradas o abiertas en horarios que el personal técnico se encuentra. A pesar del interés de la administración de unificar trámites y su habilitación en línea, el usuario del MGAP no está acostumbrado a realizar los trámites por internet prefiriendo hacerlos personalmente. De aquí los inconvenientes de reducir la cantidad de funcionarios administrativos en todo el país.
Denunciamos un “MGAP paralelo” sostenido por contratos de endeudamiento externo (BID y BM), siendo la unidad Desarrollo Rural un ejemplo paradigmático, dado que más de la mitad de funcionarios tienen contrato de arrendamiento de servicios con estas instituciones. Paradojalmente, el endeudamiento externo cada vez es más oneroso, pero no se ejecuta lo presupuestado.
La situación es grave en todos los servicios del MGAP sin excepción. Se pierde la memoria institucional ya que se jubilan muchos funcionarios sin oportunidad de transmisión de valiosos aprendizajes al no haber planes de capacitación, ni renovación en el Inciso. ¿Cómo se mantendrá y mejorarán las capacidades institucionales del MGAP si los trabajadores están sobre exigidos con tareas propias y supliendo las vacantes que no se cubren? ¿Cómo podrá detenerse la pérdida de funcionarios valiosos que por el deterioro de sus condiciones de trabajo y salariales optan por abandonar el MGAP?
Salvaguardar la “marca país” que frecuentemente se destaca, controlar fronteras y cuidar la sanidad animal, defender la competitividad externa, es también garantizar derechos y preocuparse por la seguridad de todos.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tiene por misión ser:
…responsable de diseñar, ejecutar y controlar la Política Nacional de Transporte en todas sus modalidades… Planifica y desarrolla la infraestructura necesaria adecuándola a las necesidades de la población, del sector productivo nacional y a las políticas de integración regional, con eficiencia energética y sustentabilidad ambiental… Es la oficina especializada en materia de Agrimensura en representación del Estado, conserva y administra los datos geográficos básicos del territorio nacional y apoya el desarrollo de la infraestructura de transporte mediante las expropiaciones. Gestiona y dirige la construcción, conservación y mantenimiento de la obra arquitectónica del dominio público y realiza Convenios con instituciones públicas y privadas para materializar obras de alto impacto social.
La Dirección Nacional de Transporte, lleva 25 años sin concursos que provean las vacantes de ascenso, y denunciamos hoy un faltante de 120 funcionarios para cumplir las funciones que implican regionales en todos los departamentos y 45 puestos de control en las rutas nacionales de todo el país. A pesar que el ministro del ramo habla de la mayor inversión en infraestructura vial, no se proveen funcionarios para su control y contralor que cuide tan magna inversión.
En otro orden, otros 140 funcionarios se necesitarían para el control de Empresas Internacionales de Carga tanto de mercancías como de pasajeros; y para también resguardar las leyes en lo que refiere al Tránsito en las rutas Nacionales y su Seguridad y los controles de exceso de peso, ancho, alto en las Empresas de Carga Nacional y Transporte de Pasajeros interdepartamentales.
La División Arquitectura, asimismo, cuenta con 300 funcionarios de los que 120 tienen más de 60 años. Actualmente existen 177 cargos vacantes. La falta de personal viene desmantelando esta División, obligando a la tercerización de obras (entre ellas: Hospital de Clínicas, BPS, Hogares de INAU) que sería deseable que estuvieran en la órbita pública con los controles exigidos por el ámbito estatal.
Cuidar las rutas nacionales como velar por la obra pública en el país, es también hacer política de seguridad y un derecho exigible. Construir y cuidar que la infraestructura pública sea adecuada y permita que las mercancías lleguen a mercados y consumidores en tiempo y forma, que los pasajeros viajen de forma segura son cuestiones que influyen en la eficiencia de la economía y en el bienestar de la sociedad. Para esto también se necesita un número suficiente de trabajadores, formados para su tarea y con un sistema de incentivos acordes para desarrollarlas, salarios y condiciones de trabajo garantizados por una carrera administrativa regida por las normas del país.
Instamos a los señores diputados y senadores a interiorizarse en los grandes problemas del Estado, a dejar de lado las visiones miopes y economicistas que solo atienden al déficit fiscal cómo única preocupación de la estabilidad económica y política. Hemos demostrado con tres ejemplos de reparticiones del Estado que hoy se encuentran en alerta máxima por la falta de personal para desempeñar las funciones básicas que tienen en sus cartas constitutivas o que tendrán en los próximos dos años circunstancias de apremio por desmantelamiento de la plantilla.
Asimismo, iremos desarrollando próximamente otros ejemplos para aportar al debate público sobre qué Estado necesitamos, donde lamentablemente la falta de personal, el no llamado a concursos de ascenso, la no utilización y abatimiento de vacantes, la falta de reestructuras administrativas, conduce y conducirá a la ineficiencia cuando no a la tercerización y privatización de los servicios que brinda el Estado. O, lo que resultaría más alarmante y mucho más costoso, a accidentes evitables o la pérdida de activos bien ganados por el país, a nivel de seguridad, calidad productiva y bienestar social.
Consejo Directivo Nacional
COFE